Pasaron las elecciones legislativas y el gobierno de Javier Milei se anotó un triunfo tan impensado como contundente. Días después, una veintena de gobernadores estuvo en la Casa Rosada para comenzar la discusión con el Gobierno, con el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los ejes que están hoy fuera de discusión.
Los mandatarios provinciales, sin embargo, tienen uno de sus talones de Aquiles en sus gastos legislativos, con plantas sobredimensionadas que, en muchos casos, sirven para maquillar los índices de desempleo y, en otros, para sostener una estructura política que, tarde o temprano, utilizan en su beneficio.
Según un estudio reciente de la Fundación Libertad, la Legislatura de Tucumán, reducto históricamente peronista, es la que tiene el mayor gasto anual por legislador, superando (por poco) a la ciudad de Buenos Aires, Chaco y la provincia de Buenos Aires, la de mayor presupuesto a dividir entre sus 138 legisladores, entre senadores y diputados.
Los números del estudio son concluyentes. El informe muestra que Tucumán, con 49 legisladores, es la provincia con el mayor gasto anual por legislador, con $2.735 millones de presupuesto anual por legislador, seguida por la ciudad Autónoma de Buenos Aires que maneja el PRO ($2.661 millones para cada uno de los 60 legisladores); Chaco, gobernada por el radicalismo (32 legisladores y un presupuesto para 2025 de $2.492 millones) y la provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo ($2.293 millones para cada uno de los 138 legisladores bonaerenses).
En el otro extremo se encuentran San Luis (“sólo” $174 millones al año por legislador) y Santiago del Estero ($138 millones). “Esto implica que un legislador tucumano cuesta 6 veces más que uno jujeño y casi 20 veces más que uno santiagueño”, dice uno de los párrafos del informe.
El número de gasto (o inversión, según como se mire) es realmente impactante. Las provincias argentinas habrán destinado, cuando finalice este año $1,42 billones al funcionamiento de sus legislaturas, lo que equivale a la friolera de $1,182 millones por legislador.
La comparación de los números argentinos con otras regiones da resultados desfavorables. En las Comunidades Autónomas de España, afirma el informe, el gasto total en legislaturas equivale a 453 millones de euros. Convertido al tipo de cambio oficial, representa $483.486 millones, tres veces menos que los $1,42 billones argentinos.
Según el mismo informe, un legislador provincial argentino cuesta tres veces más que su par español, mientras que el peso del gasto legislativo sobre el presupuesto es 6,4 veces mayor en Argentina. El caso de Tucumán es paradigmático: su gasto por legislador supera 7,3 veces al de la Región de Murcia, mientras que Buenos Aires gasta 7,3 veces más que Madrid.
Provincias como Santa Cruz, Río Negro y Corrientes destinan más del 95% del gasto legislativo a personal, mientras que San Luis (73,9%) y Neuquén (75,7%) exhiben una menor proporción. En promedio, cada legislador cuenta con 26 empleados a su cargo, aunque en Corrientes, dónde gobierna el radicalismo en sus distintas vertientes desde 2001, esa cifra asciende a 72.
El estudio, especifican sus autores, toma como referencia los Presupuestos de 2025 y toma en consideración tanto el gasto en sueldos de los legisladores como el de asesores, secretarios, personal administrativo y contratados. En promedio, el 86% del gasto legislativo provincial se destina a personal, “lo que refleja estructuras sobredimensionadas frente al tamaño de los cuerpos legislativos”, afirman desde la fundación.
La Fundación Libertad concluye que las cifras “muestran una vez más la necesidad imperiosa de reducir el gasto de las legislaturas provinciales”, en línea con “los procesos de ajuste y eficiencia impulsados a nivel nacional por el gobierno libertario”. Sin duda, números preocupantes que los negociadores del Gobierno pondrán sobre la mesa a la hora de la sintonía fina en la discusión con los mandatarios provinciales.
