El paro general de la CGT de este jueves promete un impacto inédito: la adhesión total del transporte prevé paralizar el país en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, mientras la crisis por el cierre de Fate y la disputa por el polémico artículo 44 del proyecto oficial tensan el clima sindical y abren un nuevo escenario de conflicto político y social.
La cúpula de la CGT advirtió que la protesta de 24 horas podría ser sólo el comienzo de una ofensiva escalonada, presionada por el brazo más duro del sindicalismo, las graves consecuencias laborales y la persistente incertidumbre económica. “Este es el comienzo”, avisaron los dirigentes en una conferencia de prensa, subrayando que la medida coincide con el debate legislativo clave que podría convertir la reforma en ley la semana próxima.
En paralelo a la huelga, el cierre de Fate sumó dramatismo al escenario: más de 920 trabajadores quedaron sin empleo, un hecho que la CGT atribuyó al “fracaso del plan económico del Gobierno”. Jorge Sola, cotitular de la central, explicitó en rueda de prensa que el derrumbe de empresas y empleos formales forma parte de una crisis socio-laboral sin precedentes, marcada por la pérdida de 300 mil puestos de trabajo formales en dos años, la desaparición de 21 mil pymes y unas 400 bajas laborales diarias.
La UOM y Aceiteros también condenaron el cierre de Fate y, junto a otros sindicatos, realizaron una cumbre con el ferroviario Omar Maturano para consensuar una posible profundización de las medidas de fuerza. “La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos”, advirtió Maturano sobre los riesgos sociales de una escalada en el conflicto.
El artículo 44 y el dilema cegetista
La presencia del artículo 44 en el texto aprobado en el Senado desató la reacción más contundente de la CGT: allí se establece una reducción en los haberes para quienes se enfermen o sufran accidentes de trabajo, disposición que incluso referentes oficialistas como el PRO calificaron de “inhumana”.
La inclusión sigilosa de ese artículo llevó a los líderes de la CGT a adelantar y ampliar la reunión de su consejo directivo para decidir el cuarto paro general contra Javier Mileiu.
Sola destacó que la reforma significa una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores, advirtiendo que sólo la reforma “representa USD 6.000 millones anuales al sector de los empleadores, que van a ir al sector financiero”, según indicó.
Jerónimo, otro cotitular de la CGT y líder de los empleados del vidrio, ratificó la postura: “No estamos dispuestos a ceder ni a entregar los derechos y conquistas que consiguió el movimiento obrero argentino”, y acusó al oficialismo de priorizar la concentración económica y la degradación social.
La estrategia frente al Congreso y el Gobierno
La CGT fundamentó el paro en el rechazo a la reforma y en una solicitud explícita al Congreso: “Llamamos a los diputados a que tengan responsabilidad política y no apoyen el proyecto oficial, que representa una quita inadmisible de derechos laborales”, reclamó Sola, mientras Jerónimo instó a los diputados a “dejar de priorizar la rosca política y priorizar la dignidad del pueblo argentino”.
El apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) garantiza la parálisis del transporte en todo el país, lo que distingue a esta huelga del último paro general de abril pasado, cuando la adhesión parcial había debilitado la protesta. Al respecto, Sola enfatizó: “Todos los gremios que conforman nuestra CGT, incluso sus confederaciones del transporte, ratificaron el paro”.
Escenarios y tensiones en el poder sindical
A pesar de la contundencia que anticipan para la medida de este jueves, en la CGT la preocupación central es el día después: el avance de la reforma en Diputados podría desembocar en nuevos paros generales, como lo demandan los sectores combativos agrupados en el recién conformado Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) con respaldo de las dos CTA y la izquierda.
El triunfo del sector dialoguista dentro de la CGT se encuentra en cuestión: ¿Podrá eludir la jugada de un ala dura que se extiende y empuja por protestas extremas? ¿Logrará consensos internos para evitar una ruptura interna? Esas algunas de las dudas que existen hoy.
Para la central, la presión no sólo viene de sus propios integrantes: la respuesta política ante los despidos de Fate y los artículos más críticos de la reforma se entrecruza con el rechazo social y la falta de diálogo efectivo con la administración Milei. El Consejo de Mayo fue “una mentira, una pantalla”, opinó Jerónimo, que insistió en que ni la huelga ni las acciones judiciales previstas serán el final de la resistencia sindical mientras persista el programa económico vigente.
La huelga pondrá a prueba la consistencia de una CGT tironeada por la ofensiva del ala dura y la presión de una sociedad golpeada por despidos y retrocesos laborales. En este escenario, las próximas horas serán decisivas para definir si el sindicalismo acentúa la protesta y abre una nueva etapa de conflictividad en la relación con el gobierno libertario.
