El Gobierno modificó por decreto la reglamentación de la reforma laboral para aliviar una restricción que recortaba el financiamiento sindical, después de semanas de negociaciones reservadas con la CGT y en un momento de renovada tensión con la central obrera por su plan de protesta.
El cambio quedó plasmado en el decreto 612/2026, que flexibilizó el efecto del tope del 2% sobre cuotas solidarias y otros aportes pactados en convenios colectivos al ampliar la base salarial sobre la que se calculan. También excluyó de ese límite ciertos aportes patronales con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales.
La modificación revierte un punto introducido a fines de mayo en el decreto 407, que había fijado como base de cálculo el salario básico convencional. Esa fórmula reducía de manera potencial el volumen económico de las cuotas solidarias y de otros montos acordados entre empresarios y sindicatos.
El nuevo texto dispone que, para calcular esos conceptos, deben sumarse las remuneraciones normales y habituales de pago mensual de origen convencional. A la vez, deja afuera de esa base premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro concepto que no se perciba de forma normal, habitual y mensual.
La rectificación cambió un punto que no figuraba de ese modo en la ley. El artículo 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que modificó el artículo 9 de la Ley 14.250, solo establecía que las contribuciones y aportes vía convenio colectivo “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, sin precisar que el cálculo debía hacerse sobre el salario básico.
Esa diferencia fue el origen del conflicto. La mención al básico en la reglamentación fue leída por la CGT como una alteración de lo que el sector sindical entendía que había sido acordado con el ala política del Gobierno durante la sanción de la reforma.
La nueva norma también determinó que los aportes y contribuciones de los empleadores destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales no quedarán alcanzados por el tope del 2%. El decreto ordena, al mismo tiempo, que esos fondos se administren y documenten por separado del resto de los recursos sindicales.
Ese punto tiene impacto directo sobre las obras sociales gremiales. Un ejemplo es el Sindicato de Camioneros, cuya obra social atraviesa una fuerte crisis financiera y recibe del sector empresario una contribución de 5 mil millones de pesos mensuales, originada en un pago de 25 mil pesos por trabajador fijado en el convenio.
Después de la aparición del decreto 407, sindicalistas del sector dialoguista intensificaron conversaciones reservadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. El objetivo inicial era moderar ese punto mediante una resolución o un dictamen administrativo de la Secretaría de Trabajo que aclarara que el criterio debía ser el de remuneraciones normales y habituales.
Las tratativas cobraron nuevo impulso cuando Diego Santilli fue designado jefe de Gabinete, ya que, junto con los Menem, convencieron a Karina Milei de avanzar con una medida que conformara a la central obrera y descomprimiera el frente sindical, decisión que finalmente tomó la forma de un decreto. Aun así, pese a que la CGT quedó alivia, el plan de lucha se mantiene y comenzará este miércoles 22 con una marcha al Congreso por los jubilados.
Dentro del sindicalismo, la rectificación es interpretada como una derrota política para Federico Sturzenegger, a quien la CGT atribuye la inclusión del salario básico en la reglamentación anterior. El ministro de Desregulación venía siendo identificado por los gremios como el principal impulsor de límites más severos sobre las cuotas solidarias.
El trasfondo político también pesó en la decisión. La oficialización del decreto coincidió con la inminencia de una movilización de la CGT al Congreso prevista para este miércoles, en apoyo a los reclamos de los jubilados, cuando la central se aprestaba a retomar su plan de lucha contra el Gobierno.
Según Infobae, esa estrategia de protesta había amenazado con replicar el modelo francés que enfrentó Emmanuel Macron en 2023 por su reforma jubilatoria, aunque luego derivó en una versión más atenuada, con marchas callejeras pero sin paros sectoriales y rotativos.
La reforma preservó dos ejes del modelo sindical
Para la CGT, la negociación sobre la reforma laboral permitió resguardar dos pilares del esquema sindical argentino: el financiamiento de los sindicatos y el núcleo de las convenciones colectivas de trabajo. En esa discusión también se preservó el mecanismo de cuotas solidarias, que se descuenta de manera compulsiva del salario de todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados, y se dirige al sostenimiento de las organizaciones gremiales.
En una entrevista con Infobae, el dirigente cegetista Gerardo Martínez, de la UOCRA, sostuvo que el sindicalismo logró mantener esas cuotas dentro del proyecto oficial y además eliminar un artículo que quitaba a las empresas su función de agente de retención de las cuotas de afiliados. “Con eso se desmembraba toda la estructura sindical”, dijo.
La Ley 27.802 dejó finalmente un tope del 2% sobre las remuneraciones de los trabajadores para las cuotas solidarias y fijó otro del 0,5% para aportes, contribuciones y cualquier otro concepto de las convenciones colectivas en beneficio directo o indirecto de cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente por representantes de los empleadores.
Los jefes gremiales aceptaron esa fórmula legal porque preservaba la existencia de las cuotas solidarias. El conflicto se abrió después, cuando el decreto 407 incorporó de forma sorpresiva el salario básico convencional como base de cálculo, una decisión que la CGT adjudicó a Sturzenegger y que desencadenó las conversaciones reservadas que terminaron en la firma del decreto 612.
