El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, denunció ante la conferencia anual del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un proceso de «desmantelamiento sistemático» de las instituciones laborales y una política orientada a la «aniquilación» de los derechos de los trabajadores.
Durante su exposición ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, Sola habló en representación de las tres centrales sindicales argentinas y sostuvo que el país atraviesa una transformación estructural que afecta la capacidad estatal para diseñar, coordinar e inspeccionar las políticas laborales.
«Lo que ocurre en Argentina no son reformas aisladas; es la construcción de un proyecto político, económico e institucional orientado a redefinir de raíz el modelo de relaciones laborales vigente desde la recuperación democrática», afirmó el dirigente sindical.
Según la presentación de la CGT, el gobierno nacional vulnera el Convenio 150 de la OIT sobre administración del trabajo mediante una serie de medidas que habrían debilitado las capacidades estatales de regulación y control. Entre ellas, cuestionó la degradación del Ministerio de Trabajo al rango de Secretaría, la reducción de estructuras administrativas y la desvinculación de personal especializado.
Sola argumentó que estas decisiones implicaron una pérdida de jerarquía, autonomía y capacidad operativa del área laboral. En ese sentido, sostuvo que «un sistema sin jerarquía, sin recursos y sin autonomía operativa es, sencillamente, un sistema que no existe».
El dirigente también criticó la utilización del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y las posteriores reformas laborales impulsadas por el oficialismo. Afirmó que tanto la Ley Bases como la reciente Ley de Modernización Laboral fueron promovidas sin instancias adecuadas de diálogo social y consulta tripartita, en contradicción con los principios establecidos por la OIT.
Uno de los ejes centrales de la denuncia fue el presunto deterioro de los mecanismos de inspección laboral. La CGT señaló que existe una insuficiencia crítica de inspectores y una reducción de recursos destinados al control del cumplimiento de la normativa laboral, particularmente en sectores como el trabajo rural.
«En la ausencia de control estatal promovida por el gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales», sostuvo Sola ante los delegados internacionales.
El sindicalista también vinculó el ajuste estatal con el debilitamiento de distintos organismos públicos. Entre los ejemplos mencionados se encuentran la reducción de personal en organismos científicos y tecnológicos, el freno a la obra pública, los recortes en áreas sociales, educativas y de derechos humanos, así como el deterioro del sistema previsional y de atención a las personas con discapacidad.
En otro tramo de su intervención, la CGT denunció una política de «criminalización del conflicto social» y cuestionó medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación que, según afirmó, transforman los conflictos laborales en asuntos de política criminal, afectando la libertad sindical y el derecho de huelga.
Asimismo, el dirigente mencionó las sanciones aplicadas a organizaciones gremiales como La Fraternidad y la UTA, e incluso la intervención judicial dispuesta en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como ejemplos de una estrategia orientada a restringir la acción sindical.
Frente a este escenario, Sola reclamó la apertura de un diálogo social institucional y advirtió que, de persistir la situación, las organizaciones sindicales recurrirán a todas las instancias internacionales disponibles para denunciar incumplimientos de los convenios fundamentales de la OIT vinculados con la libertad sindical y la negociación colectiva.
«El movimiento obrero organizado de la Argentina mantiene su postura con convicción. Lo hacemos en la calle, en cada movilización popular y en este trascendente estrado internacional», concluyó.
