La CGT empezó a definir un plan de paros sectoriales inspirado en el modelo de protestas sindicales aplicadas en Francia en 2023 para profundizar su ofensiva contra Javier Milei, con protestas escalonadas, asambleas y movilizaciones callejeras, mientras descarta por ahora una quinta huelga general porque la conducción sindical considera que no están dadas las condiciones políticas ni de acatamiento.
El debate avanzó en una reunión del triunvirato cegetista con las confederaciones de la industria, el transporte, la alimentación, la energía y las comunicaciones. La definición se dará durante la próxima reunión del Consejo Directivo de la central obrera.
La discusión incorpora además un dato que condiciona cualquier estrategia: la Secretaría de Trabajo ya multó a La Fraternidad con 21 mil millones de pesos por desobedecer una conciliación obligatoria durante el último paro de la CGT. En el caso de la UTA, la posible sanción por una conducta similar fue calculada en 70 mil millones de pesos, aunque todavía seguían los relevamientos para determinar si incumplió esa orden oficial.
La central obrera busca así una alternativa al paro general clásico. Entre los dirigentes prevalece la idea de que una medida de ese tipo, aislada y sin continuidad, perdió eficacia frente a un Gobierno que no modifica su rumbo por la sucesión de huelgas.
Un jefe gremial resumió esa posición al término del encuentro: “Por ahora no están dadas las condiciones para otro paro general”, dijo. La postura más extrema fue la de Omar Maturano, titular de La Fraternidad, que propuso un paro por tiempo indeterminado, aunque no reunió apoyos entre sus pares de la CGT.
La modalidad que ganó terreno replica el formato aplicado por los sindicatos franceses contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron en 2023: en lugar de paralizar todo el país de una vez, la protesta se distribuye por sectores y por semanas: una actividad se detiene, otra realiza asambleas y otra se moviliza, con rotación y coordinación.
En Francia, ese esquema incluyó en semanas sucesivas a trenes, energía, refinerías, recolección de residuos, educación y transporte urbano, junto con marchas diarias, hasta desembocar en una medida nacional. Sus impulsores lo definieron como una “huelga por escalada” porque mantuvo presión política y económica durante meses sin descargar todo el costo salarial sobre los mismos trabajadores.
Esa es la lógica que vienen defendiendo en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), su titular, Juan Carlos Schmid, y Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Ambos sostienen desde hace meses que un solo paro general, sin continuidad, pierde capacidad de daño e impacto político.
Schmid incluso planteó buscar adhesión de otros sectores sociales y propuso acciones puntuales frente al Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y ante el Banco Central, combinadas con asambleas en empresas y fábricas y paros en distintas actividades. Brey acompañó esa idea y afirmó que “hay que pasar a la acción con pragmatismo”.
La posibilidad de comenzar rápido también apareció en la reunión. Brey sugirió iniciar la semana próxima con una presencia rotativa de cada confederación sindical en la marcha de los jubilados frente al Congreso y propuso crear una “mesa coordinadora” de la CGT con otros sectores en conflicto.
La resistencia interna a una nueva huelga general se apoya en dos motivos. El primero es la evaluación de que el último paro, realizado el 19 de febrero, tuvo un acatamiento débil; el segundo, que muchos trabajadores temen perder el empleo o resignar el pago del día de trabajo y el presentismo si adhieren a otra medida de fuerza.
Esa discusión convive con la presión del ala dura, donde aparecen la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros gremios que impulsan un paro de 36 horas. La conducción de la CGT, encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, intenta ampliar las consultas para que la modalidad elegida también sea cumplida por todos.
En ese punto, dentro de la cúpula cegetista también se abrió otra revisión: el sistema de toma de decisiones. Según trascendió, algunos dirigentes quieren exigir que a las reuniones del Consejo Directivo asistan los líderes de cada sindicato y no representantes de segunda o tercera línea, porque entienden que esa delegación diluye los compromisos.
Aunque el “modelo francés” suma apoyos, su aplicación en la Argentina enfrenta límites legales concretos, según Infobae. La Ley de Modernización Laboral obliga a mantener servicios mínimos del 50% o 75% en actividades esenciales como transporte, salud, recolección de residuos y energía.
La educación quedó exceptuada de ese régimen después de que el juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector. En paralelo, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT que conduce Sergio Romero ya conversan con otros gremios para lanzar un paro docente después del 19 de julio en reclamo de una mejora salarial, ya que el salario mínimo del sector sigue en $500 mil.
El otro obstáculo es la conciliación obligatoria, una herramienta que el Gobierno puede usar para frenar medidas de fuerza y abrir una negociación por 15 días. Desobedecerla expone a sanciones graves, y ese antecedente explica por qué la CGT discute una fórmula de protesta más flexible mientras intenta sostener su ofensiva contra la Casa Rosada.
