La reciente confirmación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha desencadenado una escalada de tensiones con la CGT, que decidió una movilización masiva para el jueves 18 y refuerza su presión sobre el Congreso. El nuevo texto, que cuenta con 197 artículos, ha sido interpretado por los líderes sindicales como un intento de debilitar la estructura de poder gremial, mientras que desde el oficialismo se insinúa la posibilidad de responder con medidas que afectarían la financiación de las obras sociales sindicales.
Según cálculos de los técnicos de la CGT citados por Infobae, la reducción de un punto en las contribuciones patronales prevista en el proyecto representaría 16.500 millones de pesos mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución y 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las entidades del sistema sindical de salud, tomando como referencia los datos de agosto.
En este contexto, la CGT, que renovó su conducción el cinco de octubre, ha optado por una estrategia de confrontación directa. El cotitular Jorge Sola propuso una movilización para el jueves dieciocho, iniciativa que fue respaldada de inmediato por toda la dirigencia, incluidos sectores tradicionalmente dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA) y Sergio Romero (UDA), quienes han endurecido su postura ante lo que consideran una provocación del Gobierno. La protesta, que busca congregar a 150 mil personas en la Plaza de Mayo, coincide con la presión de la izquierda trotskista, que además exige a la CGT la convocatoria a un paro general.
El artículo 126 del proyecto de reforma laboral se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos para el sindicalismo. La nueva redacción establece que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Esta modificación elimina la obligatoriedad vigente de que los empleadores retengan no sólo las cuotas de afiliación, sino también otros aportes, lo que garantizaba la recaudación de las cuotas solidarias. La CGT interpreta este cambio como un ataque directo a su financiamiento y advierte sobre la contradicción legal que se genera, ya que la Ley 24.642, que establece un procedimiento ejecutivo para el cobro de cuotas sindicales, no fue derogada. Un abogado consultado por Infobae señaló que “mantuvieron una ley que en realidad pasaría a no tener fuerza legal, salvo que el trabajador haya consentido afiliarse, comunicarle al empleador y que el empleador haya asumido un compromiso de retener y no hacerlo”.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, emerge como el principal artífice de la reforma, al lograr que muchos de los artículos apunten a desmantelar lo que el oficialismo considera privilegios históricos del sindicalismo. No obstante, el ala política del Gobierno, representada por los Menem y Santiago Caputo, introdujo modificaciones para suavizar algunos aspectos que generaban mayor rechazo, aunque no logró desactivar los denominados “artículos-bomba” que terminaron por dinamitar la relación con la CGT.
A pesar de la radicalización del discurso sindical, persisten canales informales de diálogo entre algunos dirigentes y representantes libertarios, aunque hasta ahora no han sido suficientes para alcanzar una tregua. Gerardo Martínez, quien defendió la integración de la CGT al Consejo de Mayo para consensuar la reforma, expresó a Infobae: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”. Martínez agregó: “No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”. No obstante, el dirigente reconoció la disposición al diálogo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales”.
La reacción del Gobierno ante la ofensiva sindical no se limita al plano legislativo. Según un funcionario citado por Infobae, se evalúa la posibilidad de adoptar una postura más hostil en la distribución de fondos para las obras sociales, lo que genera alarma en la CGT, que ya enfrenta dificultades para administrar entidades en crisis. En paralelo, la central obrera intensifica su lobby entre gobernadores y legisladores para intentar bloquear la ley en el Congreso y prepara impugnaciones judiciales contra el proyecto.
El escenario actual anticipa una confrontación de desenlace incierto, en la que ni el Gobierno ni la CGT parecen dispuestos a aceptar una derrota.
