La intención oficial de fijar un salario mínimo de convenio de $1.070.000 podría empujar a más pymes hacia la informalidad: ese piso quedaría muy por encima de lo que hoy pagan las empresas más chicas no registradas y, en ese contexto, el mercado laboral ya combina caída del empleo formal, retroceso del salario real y expansión del trabajo fuera de registro, según advirtió un informe de la consultora IDESA, que dirige Jorge Colina.
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó 4,4% y eso implicó unos 280.000 trabajadores formales menos. En ese mismo período, el salario real de esos trabajadores se contrajo 3,6%.
El diagnóstico de la consultora ubica ese deterioro en dos procesos simultáneos: por un lado, empresas con producción estancada o en declive; por otro, una reconversión extendida incluso entre firmas que expanden su actividad para adaptarse a un entorno de estabilidad y mayor integración al mundo. Esa dinámica, sostiene el informe, no se traduce en más desempleo porque crece el trabajo informal, en especial el empleo por cuenta propia no registrado, incluso fuera del Monotributo.
La referencia oficial que utiliza IDESA indica que, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo de la Nación, el salario mínimo promedio de la categoría más baja de los convenios colectivos por rama de actividad es de $1.250.000. Solo pocas actividades, entre ellas construcción, metalmecánica, sanidad y textiles, incluyen en sus escalas puestos con remuneraciones un 5% por debajo de ese umbral.
Con esos datos, la consultora concluye que un mínimo de $1 millón sería inocuo para los trabajadores formales alcanzados por convenios, pero muy difícil de cumplir para el segmento informal. La razón es la brecha que hoy separa a ambos universos dentro del mercado laboral privado.
Según datos de la Secretaría de Trabajo y del INDEC citados por la consultora para 2026, el salario promedio registrado en empresas privadas asciende a $2.121.000. El salario promedio de los no registrados en empresas privadas es de $821.000, y en las firmas de hasta 10 trabajadores, donde se concentra el 78% de los asalariados informales, baja a $702.000.
Ese contraste muestra, según el informe, un mercado fuertemente fragmentado. Los asalariados registrados, que representan el 60% del empleo asalariado privado, perciben remuneraciones que más que duplican las del 40% que trabaja en la informalidad.
En las empresas con menos de 10 trabajadores, donde se agrupan ocho de cada 10 informales, la distancia es todavía mayor: el salario registrado triplica al informal. Para IDESA, ese dato explica por qué un nuevo mínimo legal elevado no alteraría la situación de las empresas grandes, pero sí aumentaría la presión sobre los segmentos de menor productividad.
La consultora de Jorge Colina sostiene que la informalidad está asociada de manera central a la baja productividad. En ese marco, destaca que el 80% de la informalidad asalariada se ubica en unidades con menos de 10 trabajadores.
El argumento es que, cuando las regulaciones laborales fijan pisos legales por encima de las posibilidades productivas de esas unidades pequeñas, el resultado es el incumplimiento masivo. Bajo esa lógica, seguir elevando estándares salariales generales respecto de la realidad que enfrentan las microempresas agrega incentivos para operar fuera de la formalidad.
El informe también plantea que uno de los principales problemas de los convenios colectivos por rama de actividad es su escasa aplicabilidad en las empresas más chicas, precisamente por los salarios que establecen. Desde esa perspectiva, la negociación sectorial no refleja las diferencias de escala y productividad dentro de cada actividad.
Como alternativa, IDESA propone profundizar el sesgo descentralizador de la reforma laboral y promover acuerdos a nivel de empresa. El ajuste que considera más potente es exceptuar de los convenios colectivos a los microemprendimientos con hasta 10 trabajadores y permitir que las pymes se desenganchen del convenio sectorial para pactar condiciones con sus propios empleados.
La consultora agrega otra medida: establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para calcular las contribuciones patronales. Según el informe, esa modificación tendría un costo fiscal acotado y permitiría reducir de manera sustancial las cargas sociales en las empresas más pequeñas.
El planteo final del informe es que el deterioro del mercado laboral no es reciente y sigue profundizándose. Para revertirlo, sostiene IDESA, hace falta dinamizar la producción e implementar la reforma laboral con mayor sensibilidad hacia las empresas donde se concentra la informalidad, evitando mínimos legales altos que resultan irrelevantes para las firmas grandes e inaplicables para las microempresas.
