El gobierno de Jorge Macri está dispuesto a ir a la guerra con el Sindicato de Camioneros: los nuevos pliegos del servicio de recolección de residuos de CABA no incluyen las indemnizaciones que viene consiguiendo Hugo Moyano cada vez que se renuevan las concesiones y que ahora equivalen a unos 200 millones de dólares.
Por eso el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lideró el 5 de octubre una movilización de trabajadores del sector a la Comuna 1, en Humberto Primo al 200, para advertir que impulsará un paro total en la recolección de residuos si el Gobierno de la Ciudad mantiene su postura de no resarcir económicamente a esos 6 mil empleados.
La administración de Jorge Macri confirmó en una audiencia pública virtual que los nuevos pliegos del servicio de higiene urbana no incluirán esos pagos. La definición afecta a los contratos que regirán entre 2028 y 2038, una vez que venza la prórroga de las concesiones actuales.
“Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, afirmó Pablo Moyano, quien sostuvo que el pago es “un derecho adquirido” que los recolectores perciben “desde hace más de 30 años en todas las licitaciones”. También cuestionó a Jorge Macri: “Al ver a Macri paseando en París con Milei, viene con la idea de ajustar el bolsillo del trabajador, pero no lo vamos a permitir”.
Los contratos vigentes alcanzan a 6 mil trabajadores de la recolección de residuos porteña. El sindicato teme que el Presupuesto de la Ciudad para 2028 no incorpore los fondos necesarios para afrontar las indemnizaciones, aunque los empleados continúen en las mismas empresas o sean absorbidos por las futuras concesionarias.
El pliego vigente incluye, dentro del Régimen de Personal Operativo, un apartado denominado “Indemnizaciones Finales”. La cláusula dispone: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que esta indemnice a los trabajadores”.
Esa previsión convive con el artículo 19 de la Ley N° 4120, que regula el servicio público de higiene urbana y exige preservar la continuidad laboral de toda la plantilla. Quienes cuestionan el sistema entienden que esa combinación permite que los contribuyentes financien indemnizaciones para empleados que vuelven a trabajar en el mismo servicio sin interrupción.
El conflicto gira alrededor de una práctica conocida como Ley Moyano, una denominación sin respaldo normativo que, desde 1998, permitió al Sindicato de Camioneros exigir que los trabajadores fueran despedidos, indemnizados y contratados nuevamente cuando cambiaba una concesión o la propiedad de una empresa. La organización sindical obtuvo ese resultado sólo por su capacidad de presión porque esa supuesta “ley” no tiene basamento jurídico.
La práctica comenzó con el final del contrato de Manliba en 1998 y se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. En 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores ante cada cambio de concesión.
El mismo mecanismo se replicó luego en las municipalidades bonaerenses de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de DHL y FedEx. La semana anterior al nuevo conflicto, el sindicato firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de DHL a Loginter que incluyó el pago de indemnizaciones.
La disputa también tuvo episodios en el sector privado. Cuando el Grupo Narváez adquirió Walmart en marzo de 2021, Camioneros bloqueó un depósito de la compañía para exigir el despido, la doble indemnización y la posterior reincorporación de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución. El desenlace no incluyó indemnizaciones, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos.
En 2022, Pablo Moyano cuestionó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de estatizar el sistema de grúas de la Ciudad. El dirigente acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los ingresos de 500 empleados de Dakota y BRD y excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Finalmente, llegaron a un acuerdo por el que se estableció que los trabajadores pasarían a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), donde conservarían el convenio de Camioneros. Cada empleado recibió una indemnización de hasta 4 millones de pesos, por un total cercano a 2.000 millones de pesos.
Los contratos actuales de recolección fueron firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia de una década. En 2020, las partes suscribieron actas acuerdo que extendieron el vínculo por cuatro años, con vencimiento el 30 de septiembre de 2028. Rodríguez Larreta promovió esa prórroga por las restricciones presupuestarias derivadas de la reducción de fondos de coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y en el marco de la emergencia económica porteña. Camioneros interpretó que el contrato de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 seguía vigente y que las indemnizaciones correspondían incluso con la extensión del plazo.
En octubre de 2024, el Gobierno de la Ciudad y Hugo Moyano alcanzaron un entendimiento: el sindicato desistía entonces de exigir indemnizaciones a cambio de compensaciones para trabajadores cercanos a la jubilación y para quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no realizaban sus tareas.
El acuerdo provocó protestas en empresas de recolección. En asambleas desarrolladas en Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una indemnización en 2028. Aparicio difundió un video en el que reconoció que la aplicación de la Ley Moyano constituía un “privilegio” que no estaba contemplado en la legislación. Afirmó que ese beneficio había permitido cobrar indemnizaciones y conservar la antigüedad laboral.
La rama de recolección de residuos también quedó atravesada por la disputa entre Hugo y Pablo Moyano, iniciada a fines de 2021 por diferencias sobre la crisis financiera de la obra social. Hugo Moyano apartó a su hijo de las negociaciones por las indemnizaciones y condujo las conversaciones con la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.
La resistencia de sectores sindicales al acuerdo de 2024 llevó a Hugo Moyano a retomar el reclamo ante las concesionarias en noviembre de 2025. Las empresas rechazaron la exigencia, al igual que el Gobierno porteño. Ahora, el escenario volvió a instalar una pelea de final imprevisible, donde Jorge Macri también busca sacar rédito electoral y los Moyano se juegan la continuidad de una “conquista” que pondrá a prueba su verdadera capacidad de presión.
