La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó en las últimas horas la intervención estatal de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), argumentando que el sistema de salud que administra el gremio liderado por Hugo Moyano presenta irregularidades estructurales y una crisis financiera sin precedentes, producto de un manejo presuntamente fraudulento a favor del entorno familiar del sindicalista.
El pedido se formalizó mediante una presentación dirigida al Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, en la que Ocaña advierte que, a pesar de los cuantiosos fondos que gestiona la obra social, la calidad de las prestaciones es pobre, mientras que las sociedades ligadas a la familia Moyano continúan acumulando riqueza. La denuncia subraya: “obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica”, cuestionando el destino de los recursos que deberían invertirse en salud y terminan, según la presentación, en un entramado de empresas familiares.
Ocaña respalda su solicitud en dos décadas de denuncias documentadas y en informes oficiales que marcan la continuidad del presunto desvío de fondos. Cita como ejemplo la Causa 18304/2006 abierta en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, en la que se aportaron pruebas de cómo los recursos asignados por ley a prestaciones sanitarias fueron derivados hacia sociedades gerenciadas por familiares directos de Moyano. En ese expediente, IARAI S.A. aparece como el principal canal de transferencia de fondos, bajo la marca “Conducir Salud”, con ganancias que crecieron de manera exponencial tras asumir el gerenciamiento de OSCHOCA. Mientras su facturación anual pasó de apenas $60.944,07 a $22.787.897,45, su resultado neto superó los $2 millones, todo nutrido por los aportes obligatorios de empleadores y trabajadores del rubro camionero.
Evolución de la crisis y el circuito de desvíos
La cadena de acusaciones no se reduce a una causa puntual. La documentación presentada por Ocaña expone la frecuencia y extensión del mecanismo a través de varias firmas vinculadas: ACONRA S.A., DIXEY S.A. y Organización Las Marías, todas controladas o dirigidas por familiares y allegados de Moyano. Este entramado fue también objeto de investigación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en 2013 detectó, mediante reportes de operaciones sospechosas bancarias, una ingeniería empresarial diseñada para sustraer más de $570 millones desde la obra social hacia prestadoras administradas por la familia.
La UIF señaló, además de los Moyano, a la hija de la esposa de Moyano, Valeria Salerno, y a Christian Asorey, como actores centrales en la operatoria financiera investigada. El informe llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que derivó la denuncia a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
En 2018, la legisladora amplió la denuncia tras analizar balances societarios de IARAI S.A., DIXEY S.A., ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MARIAS S.A., SELCA SRL y ACONRA S.A.. Allí sostuvo que la obra social operaba como “banco de inversión” del grupo Moyano-Zulet: los fondos originalmente destinados al sistema de salud eran redireccionados para capitalizar o financiar empresas interconectadas, deteriorando la capacidad de OSCHOCA para cumplir con sus obligaciones básicas.
Desplome financiero y nuevos giros multimillonarios
Según los balances digitalizados de 2017 a 2022, todos los indicadores económicos de OSCHOCA presentan valores inaceptables para la normativa vigente: patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultado operativo negativo de -$8.778.715, junto con una escalada de deudas que solo en el interior del país asciende a $32.400 millones, y que, si se suma la región de Buenos Aires (donde se concentra el 50% de los 190.000 afiliados), podría superar los $60.000 millones.
La denuncia incorpora datos surgidos de investigaciones periodísticas recientes, donde se revela que en apenas 12 días de abril de 2026, Hugo Moyano transfirió $900 millones desde las cuentas de la obra social a fideicomisos ligados a su esposa, Liliana Esther Zulet, y domiciliados en una sede compartida por las tres principales empresas del holding familiar. El artículo citado afirma: “En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista”.
A lo largo de veinte años, insiste Ocaña, el esquema de transferencias y la estructura de beneficiarios no varió: los nombres, las empresas y la modalidad se repiten, mientras el déficit operativo y la incapacidad prestacional de OSCHOCA se profundizan.
La presentación releva el marco legal y resalta que los fondos de las obras sociales son considerados de naturaleza pública, regulados y controlados por el Estado nacional. Las leyes 22.269 y 23.660 imponen un destino específico para los recursos: al menos el 80% debe asignarse obligatoriamente a prestaciones de salud y gastos administrativos justificados, y las reservas pueden invertirse solo bajo control estatal. La administración, percepción y asignación de fondos depende, además, de organismos como ANSES, AFIP y la Superintendencia de Servicios de Salud.
En este contexto, Ocaña remarca: “OSCHOCA está en una situación económica desesperante camino a la quiebra”, lo que, según la exposición, habilita al Poder Ejecutivo Nacional a tomar medidas amparadas en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta la intervención de entidades de salud cuando no se asegura la administración ni la adecuada prestación a los beneficiarios.
“La plata que se fue a las empresas familiares privó a los afiliados de la obra social de prestaciones adecuadas”, enfatiza la denuncia, que reclama una respuesta urgente por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ocaña cierra la presentación advirtiendo que ninguna consideración política ni temor al “clan Moyano” debería frenar la intervención de la obra social, porque el derecho a la salud de los trabajadores debe prevalecer sobre cualquier interés particular.
Han pasado veinte años de denuncias públicas, investigaciones penales y auditorías financieras, pero, según la legisladora, el escenario no sólo no mejoró: el saqueo a las arcas de la obra social persiste y el deterioro de las prestaciones se agrava día a día.
